Por: Lilia Mónica López Benítez

Cuando pensamos en la niñez vienen a la mente imágenes de niñas y niños jugando, estudiando, brincando, sonriendo, soñando y disfrutando de la vida en compañía de su familia.

Esta realidad es muy lejana para decenas de miles de niñas, niños y adolescentes que han decidido migrar de sus países de origen en busca de una vida mejor debido al contexto de crisis humanitaria que azota al Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Se calcula que tan sólo en 2015, 17 mil menores no acompañados llegaron a México con la meta clara de emigrar a Estados Unidos.

Desde siempre, México ha sido país de tránsito hacia Estados Unidos, ubicación geográfica que le genera la responsabilidad de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas que transitan por él, sobre todo en tratándose de niñas, niños y adolescentes que, por su condición, necesitan protección muy particular.

El interés superior de la niñez cobra relevancia, pues la cifra de las personas migrantes sin compañía aumenta de manera alarmante, por lo que es necesario brindarles una protección integral para que gocen y ejerzan sus derechos a cabalidad.

Las niñas, niños y adolescentes que migran lo hacen con la finalidad de encontrarse con sus familias o huyendo de la extrema violencia, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y de las pandillas que quieren cooptarlos. Buscan alternativas de sobrevivencia, así como mejorar –aunque sea un poco– su realidad, en especial porque un gran porcentaje ha sido amenazado al no querer sumarse a esos grupos o porque sufre los estragos de las carencias.

Cuando por desgracia deciden emprender el tortuoso viaje hacia el sueño americano, su vida se trunca, su pleno desarrollo se frena y sus derechos a la salud, la alimentación, la educación, entre otros, son vulnerados por la precariedad y el peligro.

Los migrantes, durante su viaje, sufren de extrema violencia por su condición, lo que los lleva a ser víctimas de xenofobia, discriminación, acoso policiaco, trata y tráfico de personas, explotación sexual y abuso físico o mental. Por ende, es imprescindible que las autoridades estén capacitadas para atenderlos y asegurarles el pleno goce de sus derechos humanos.

En el caso específico de las niñas y adolescentes migrantes están doblemente expuestas, pues son víctimas de agresiones sexuales o de trata con fines de explotación. Es triste y lamentable ver imágenes como la que retrata la película La jaula de oro, en la que una niña guatemalteca sabe que al decidir migrar, las probabilidades de violación son enormes, por lo que se hace pasar por niño e ingiere pastillas anticonceptivas, para que en caso de que sea descubierta no viva un embarazo como consecuencia.

La Organización Mundial para las Migraciones ha brindado apoyo al menos a 200 víctimas de trata de personas, en su mayoría mujeres, niñas y niños centroamericanos.

La infancia migrante no solamente se encuentra en estado de vulnerabilidad frente al crimen organizado, por desgracia, también puede ser víctima de abusos por parte de autoridades que no tienen la capacidad de actuar adecuadamente ante estos casos y hacen uso del poder para extorsionarlos, agredirlos o detenerlos, y no les otorgan las garantías necesarias, durante su estancia en territorio nacional, como información sobre su detención, asistencia legal gratuita, intérprete en caso necesario, ni se respeta su derecho a ser escuchados, ni la presunción de inocencia, entre otros.

En la mayoría de los casos de detención, pareciera que el único propósito es elevar la cifra de personas repatriadas. En este sentido, es importante que las autoridades migratorias tengan claro que esta clase de migración es forzada debido a que huyen de un contexto violento, que los convierte en personas refugiadas.

De acuerdo con Human Rigths Watch, menos de uno por ciento de los niños y adolescentes migrantes detenidos por las autoridades migratorias son reconocidos como refugiados. La mayoría no hace uso de este derecho porque no es informada al respecto.

El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño prevé que la privación de la libertad debe ser la última medida. En el caso, los migrantes no acompañados requieren de alojamiento que atienda sus necesidades, otorgándoles trato digno y respetuoso. No obstante, la realidad es diferente, en muchos casos son detenidos y comparten galeras con personas adultas, sin importar que se vulnere su seguridad e integridad personal.

Para atender esta grave problemática son necesarios, a escalas internacional y regional, acuerdos bilaterales en la materia y, en el ámbito nacional, estrategias, leyes, políticas públicas y mecanismos de actuación que protejan sus derechos.

Concluyamos con las palabras de Mauricio Farah Gebara:

“Cada vez que un menor emprende el camino de la emigración, se abre un doble abismo: el de la conciencia social que no ha podido brindarle certeza de su manutención y desarrollo, y el del propio menor, que desde el primer paso se sumerge en la incertidumbre. Una niña o un niño migrante es una de las mayores expresiones del desamparo”.

Niños indocumentados descansan en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, mientras llega la hora de ser deportados, antes de continuar su viaje hacia EE.UU. Foto Alfredo Domínguez/ Archivo.

(Tomado de La Jornada)

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