La plataforma “Sindicato de Inquilinos” ha organizado un debate sobre la problemática de la vivienda con los partidos políticos que se disputan el gobierno de Cataluña.

La dificultad de acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de los ciudadanos de Barcelona y el área Metropolitana. La demanda de alquiler ha crecido y el precio ha aumentado de manera abusiva, por un lado por la presión de las viviendas turísticas, por la gentrificació y las actuaciones de los especuladores, por otro, porque muchos jóvenes no pueden acceder al mercado de compra. Para complicarlo más, el 2013, el gobierno del estado aprobó una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para flexibilizar el mercado, ley que disminuye la duración de los contratos de alquiler a 3 años, generando mucha inestabilidad entre los inquilinos que ven como una vez acabado su contrato, el precio del alquiler de su piso pasa a ser el doble.

El “Sindicato de Inquilinos” es una plataforma formada por 1.200 vecinos y vecinas, que trabajan en defensa de un alquiler justo, contra el abuso inmobiliario y por el derecho a la vivienda y a vivir en la ciudad. Su trabajo es señalar a los especuladores, presionar a las administraciones públicas e influir en las decisiones de los partidos políticos. Han organizado un debate para conocer que dicen los partidos políticos que se presentan en el Parlamento de Cataluña para conocer qué soluciones proponen a la problemática de la vivienda en sus programas electorales.

En el debate participaron los siguientes representantes: Lourdes Ciuró de Junts per Catalunya, Noemí de la Calle de Ciutadans, Chakir el Homrani d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Glòria Rubio de Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Jordi Terrades del Partir socialista de Catalunya (PSC) y Vanesa Valiño de Catalunya en Comú. El Partido Popular de Cataluña que también había sido invitado, no participó. Una ausencia importante, dado que el gobierno central tiene una gran parte de las competencias relativas a vivienda y hubiera sido interesante conocer su programa y las medidas que proponen para afrontar la grave dificultad de acceso a la vivienda.

Las vecinas y vecinos del Sindicato de Inquilinos realizaron 4 preguntas, que los representantes de los partidos respondieron:
La primera pregunta apuntaba a hacer una diagnosis sobre la actual burbuja que sufre la vivienda de alquiler y a presentar las propuestas que aplicarían desde la Generalitat para resolver el aumento de precios de manera desbocada y en desacuerdo con los sueldos de la población. Todos los representantes (menos la de Ciutadans, que no se refirió a la cuestión) estuvieron de acuerdo en la necesidad de modificar la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) y dar la posibilidad de hacer contratos de alquiler más largos, pero mientras que la representante de Junts per Catalunya recordaba que no se puede hacer desde la Generalitat, puesto que es competencia del Estado español, la representante de Catalunya en Comú, proponía aprovechar al máximo las competencias de la Generalitat: “tenemos una Ley por el Derecho a la Vivienda del 2007 que da cobertura para hacer políticas de alquiler y no se ha aprovechado”. También sugería usar los escaños que tenemos como políticos a nivel estatal en el Congreso de los Diputados para hacer políticas de vivienda, en lugar de apoyar a leyes como la LAU como hizo Convergència i Unió en su día. Informaba que ayer mismo, representantes del Ayuntamiento de Barcelona, conjuntamente con otros ayuntamientos de España, estaban en Madrid para pedir una nueva de Ley de Arrendamientos Urbanos. La representante de Ciutadans denunciaba que no se había hecho suficiente inversión en vivienda de alquiler social y todavía estaba por hacer el 90%. El representante de ERC recordaba que la Iniciativa Legislativa Popular que redactó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética) y que fue aprobada por el Parlamento catalán, después fue anulada por el Tribunal Constitucional a petición del gobierno del PP. Coincidía en la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a vivienda y mantener la calificación de vivienda de protección oficial de manera indefinida para que estas viviendas no salgan al mercado libre. La representante de la CUP denunciaba que todas las políticas se han dirigido a facilitar la propiedad privada y no a garantizar el derecho a la vivienda, mientras que se inyectaron 60.000 millones de euros a la banca, el presupuesto destinado a vivienda ha disminuido.

La segunda pregunta cuestionaba la LAU y la necesidad de modificarla. El Sindicato de inquilinos propone contratos de alquiler de 6 años para pequeños inquilinos y de 12 para grandes tenedores de vivienda prorrogables obligatoriamente, si no hay motivos que lo justifiquen, por parte del arrendador. La mayoría de los representantes coinciden en la necesidad de ampliar los contratos de alquiler a 5 años prorrogables. La representante de Catalunya en Comú propone contratos de 5 años prorrogables si no hay una justificación para rescindirlo, siguiendo el ejemplo de otros países europeos como Alemania o Francia. El representante del PSC propone contratos de 5 años ampliables a 3 años, añade, que también hay que aumentar el parque de alquiler social mediante compra por tanteo y retracto a entidades financieras y a particulares. La representante de la CUP propone que sea la Generalitat la que apruebe una ley de arrendamientos con contratos que se renueven automáticamente y con precios acuerdo con los sueldos de las personas. El representante de ERC propone recuperar la Ley de Emergencia Habitacional para tener una vía legal propia para regular el alquiler, y cree que hay que vincular el índice de referencia de precios de alquiler a cuestiones como las subvenciones para rehabilitación. Mientras que la representante de Junts per Catalunya remarca la importancia de tener un parque de alquiler social que provenga de la cesión de viviendas vacías de los bancos y lamenta que cuando hemos intentado regular la vivienda el Tribunal Constitucional ha anulado las leyes. Ciutadans no se expresa sobre la modificación de la LAU y explica que están estudiando medidas para impedir los incrementos desproporcionados de los alquileres.

La tercera pregunta planteaba que los precios del alquiler suben de manera alarmante y desde la Generalitat se presentó un “Índice de referencia de precios de alquiler” que refleja los precios existentes, pero que no sirve para regularlos, así, los inquilinos que alquilan a precios altos no tienen ninguna sanción. ¿Qué medidas proponen para limitar los precios?
La mayoría están de acuerdo en que hay que aumentar el parque de vivienda de alquiler social y que esto moderaría el precio de la vivienda de alquiler libre. Para obtener esta vivienda de alquiler social, la representante de Junts per Catalunya propone destinar la vivienda cerrada en manos de grandes tenedores en vivienda de alquiler social. El representante de ERC plantea consolidar un parque público de alquiler comprando vivienda vacía con la ayuda del Instituto Catalán de Finanzas, mientras que la representante de la CUP propone la expropiación de las viviendas vacías en manos de los grandes tenedores para destinarlas a vivienda pública de alquiler, precisamente la representante de Catalunya en Comú, les recuerda a todos, que la expropiación del derecho de usufructo de vivienda vacía ya estaba en la Ley por el Derecho a la Vivienda del 2007 y se anuló por una ley del gobierno de Convergència. Pide ayuda para exigir al gobierno central que aumente el presupuesto para vivienda pública en el nuevo Plan Nacional de Vivienda en tramitación. Para el representante del PSC hay que volver al nivel de gasto público en vivienda que teníamos antes del 2007 para aumentar el parque de vivienda pública. La representante de Ciutadans recalca que los responsables de la burbuja inmobiliaria han sido las administraciones y partidos políticos que la han usado para obtener recursos.

En la cuarta y última intervención se preguntó: ¿Piensan aprobar el Plan Territorial Sectorial de Vivienda u otro herramienta similar que permita crear un parque de vivienda social? y ¿qué presupuesto destinarán a hacer políticas públicas vivienda?
La representante de Catalunya en Comú explica que otros países de Europa destinan un 1% o 1,5% de su PIB, mientras que el estado español un 0,05%. Proponen que la Generalitat tiene que invertir más de 200 millones de euros. En relación al Plan Territorial Sectorial de Vivienda en redacción comenta que un plan sin presupuesto es un engaño y que hay que usar la Ley por el Derecho a la Vivienda del 2007 que permite desarrollar muchas políticas de vivienda. El representante del PSC propone destinar 1,5% del presupuesto de la Generalitat a las políticas de vivienda, la representante de laCUP está en desacuerdo con las políticas del Plan Territorial Sectorial de Vivienda puesto que se centra en las políticas de compra-venta y no de alquiler, el representante de ERC plantea la ayuda del Instituto catalán de Finanzas para crear un parque social de vivienda y cree que se posible obtener 170 millones de euros anuales del impuesto de las viviendas vacías, la representante de Ciutadans recuerda que ellos pedían 1.000 millones de euros anuales para vivienda social. La representante de Junts per Catalunya plantea que el gobierno catalán no dio respuesta a la crisis de la vivienda porque el gobierno central no dio respuestas a las autonomías que tenían la patata caliente.

En resumen, los representantes de Junts per Catalunya y ERC destacan como la carencia de competencias de la Generalitat y la constante injerencia del gobierno central dificultan dar una respuesta a la actual crisis de la vivienda, mientras que para las representantes de la CUP y Catalunya en Comú, la Generalitat de Cataluña tiene vías para desarrollar políticas de vivienda, como el Plan por el Derecho a la Vivienda del 2007 o la redacción de una ley de arrendamientos propia o usar los escaños que los partidos tienen en el Congreso de los Diputados para modificar las leyes del Estado español, así como aumentar el presupuesto destinado a políticas de vivienda, pero hace falta voluntad política para hacerlo. El representante del PSC propone volver al nivel de gasto público en vivienda que teníamos antes del 2007, puesto que sin recursos económicos no se pueden hacer realidad lo que dicen los papeles, mientras que para la representante de Ciutadans hay que ampliar el parque público de vivienda y el presupuesto destinado a vivienda social, aunque, si se mejora el modelo productivo y el mercado laboral se facilitará el acceso a la vivienda.

Un representante del Sindicato de Inquilinos cerró el acto y comentó que algunos de los entrevistados no habían hecho énfasis en que la vivienda social tendría que ser de alquiler y no de compra, porque todavía se piensa que aumentando la oferta baja el precio, pero esta no es la dinámica de la vivienda, advirtió que los que quieren que la vivienda de protección oficial sea de venta son la Cámara de la Propiedad y el gremio de Promotores. Así mismo, cree que aunque aumente el parque de alquiler público, es necesario regular el precio del alquiler como hacen otras muchas ciudades del mundo, porque la vivienda es una necesidad básica y explica que la Generalitat podría hacer una ley catalana de arrendamientos propia apoyada en el Código Civil.


Barcelona. Arquitecta, especializada en planificación urbana. Trabaja por el avance de la población en derechos básicos como el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Involucrada con el cambio social y personal, participa en el Nuevo Humanismo.

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